NO A LA PRIVATIZACIÒN DE LA SALUD PÙBLICA EN JUJUY

La legislatura de Jujuy aprobó de manera exprés e inconsulta la Ley 6453 que establece el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) a partir de la cual se determina el pago de un arancel obligatorio para recibir atención básica en los hospitales públicos y puestos de salud.

EL SEPROSA se enmarca en el “Plan Estratégico de Salud” que el Ministro de Salud Gustavo Bouhid comenzó a implementar en la provincia en el año 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales. Dicho plan privatizador, que hoy continua el actual Gobernador Carlos Sadir, implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública.

El “Plan Estratégico de Salud” proclamado por el Ministro Bouhid se encuadra en las “recetas” del Banco Mundial que en el documento “Invertir en Salud” (año 1993) desplaza la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguro para los “países en desarrollo”. En este marco la primera avanzada contra el derecho a la salud fue el Decreto 582 de Carlos Menem con el arancelamiento de la salud y los Hospitales de Autogestión. En 2016 Mauricio Macri aprueba la llamada Cobertura Universal de Salud (“Programa CUS”) para todo el país, a través del DNU N° 908, y comienza a aplicarse en Mendoza y en Jujuy introduciendo así el sistema de seguros en salud pública.

El SEPROSA, aprobado por un sector del PJ dirigido por el diputado y empresario de la salud Rubén Rivarola y la mayoría de los diputados de la UCR, es presentado engañosamente como un sistema solidario, lejos de esto es una trampa que esconde la privatización del sistema público de salud. 

Sin importar los altos índices de pobreza (55,7% de la ciudadanía se encuentra bajo la línea de la pobreza), cualquier persona que quiera atenderse en un puesto de salud o en un hospital deberá realizar el pago de un seguro mensual que oscila entre los 40 y 50 mil pesos, nos referimos a aquellas personas que no tienen cobertura de salud, es decir los sectores más vulnerables.  Al tener carácter recaudatorio, este dinero y el servicio lo administrará el ISJ (Instituto de Seguros de Jujuy) que por cada atención médica cobra un coseguro y el cual brinda actualmente un servicio muy deficiente. 

Entre otros, los principales beneficiados del SEPROSA son los dueños de la salud privada en Jujuy, el Ministro de Salud Gustavo Bouhid (dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia), Rubén Rivarola (Diputado provincial y dueño de las dos clínicas privadas más grandes de Jujuy) y Manuel Quintar (actual Diputado Nacional por La Libertad Avanza, dueño de otra importante clínica privada).

Por último, la aprobación de este seguro en Jujuy se contrapone al Derecho Universal a la Salud garantizado por los artículos 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional por lo que resulta inconstitucional.

En el actual contexto Nacional, con el avance de políticas de desregulación de los servicios del Estado llevadas a delante por el gobierno de Javier Milei, entendemos que lo que hoy sucede en Jujuy es una nueva muestra de lo que está sucediendo, de lo que están dispuestos a hacer y que profundizaran los recortes a los derechos de la población.

Por esto exhortamos a la comunidad de Jujuy y a los más amplios sectores del ámbito provincial y nacional a reaccionar frente a este nuevo avance sobre el derecho a la salud. 

Inmediata derogación de la ley 6453. 

El cuidado de la salud es un DEBER INDELEGABLE DE LOS ESTADOS Y UN DERECHO HUMANO INALIENABLE DE LA POBLACION a recibir una salud pública, gratuita, oportuna y de calidad.

FORO PROVINCIAL EN DEFENSA DE LA SALUD PÙBLICA